El Ministerio de Trabajo, patronal y sindicatos han finalizado una nueva reunión sin acuerdo para prorrogar los ERTES del COVID. El Gobierno apura las negociaciones para lograr sumar a la patronal al acuerdo que ya tiene encarrilado con los sindicatos para renovar los incentivos a los expedientes hasta el 30 de septiembre. 2,2 millones de trabajadores continúan actualmente en ERTE y están a expensas del acuerdo. Los contactos han sido al más alto nivel y este jueves está previsto que CEOE, CCOO y UGT den su respuesta final, tras subir ayer Trabajo a última hora su oferta. Las condiciones de esta última prórroga de los ERTES mejoran las de la anterior; con más exoneraciones para las empresas y mayores garantías para el empleo.
Para convencer a CCOO, UGT y especialmente a CEOE, el Gobierno ha incrementado la cobertura de las exoneraciones respecto a sus primeras propuestas y las ha extendido a los ERTES por causas objetivas. Las últimas cifras, según han explicado fuentes presentes en las negociaciones, incluyen exoneraciones de cotizaciones de entre el 60% y el 40% para las compañías en el caso de que desafecten trabajadores y según su tamaño. En el caso de que no los desafecten, las exoneraciones serán de entre el 40% y el 25%, a partir del 30 de junio y hasta el 30 de septiembre o el final del expediente.
Fuentes presentes en la negociación han explicado que la propuesta puesta encima de la mesa por Trabajo es de mantener los mismos porcentajes de cobertura de las exoneraciones hasta septiembre, aumentando así la protección que incluía el último acuerdo. Pues este reducía los márgenes de un mes a otro. Es decir, con las condiciones actuales hasta el 30 de junio, las exoneraciones eran mayores en mayo que ahora en junio.
Otro movimiento con el que Trabajo ha buscado la firma de patronal y sindicatos es recuperando las exoneraciones para las empresas que permanecieran en ERTE total. Aunque con porcentajes inferiores, del 80% para las compañías de menos de 50 trabajadores y del 70% para las de mayores plantillas. Trabajo ha vuelto a poner encima de la mesa este elemento, según cuentan fuentes presentes en las conversaciones, pese a que inicialmente defendió que en la actual fase de desescalada carecía de sentido. Algo que levantó el rechazo frontal de la patronal, que opina que la falta de demanda en sectores determinados imposibilita la reapertura. Como es el caso de los grandes hoteles, que con los actuales niveles de turismo no ven en muchos casos la rentabilidad mínima para cubrir los costes de una reapertura.
Una de las novedades es que a los ERTES de causas objetivas les será de aplicación el mismo esquema de exoneraciones de cuotas empresariales de los ERTES de fuerza mayor y en los mismos porcentajes. Los ERTES de causas objetivas pasarían así a tener exenciones de cuotas, antes sólo aplicables a los ERTES de fuerza mayor. El objetivo es facilitar la transición de los segundos a los primeros ahora que ya ha finalizado el estado de alarma. Así, de acuerdo con el borrador del Ejecutivo, las empresas y entidades afectadas por ERTES de fuerza mayor deberán proceder a reincorporar a los trabajadores, primando los ajustes en términos de reducción de jornada.
Las horas extras quedan vetadas
Las garantías al empleo están siendo otro ‘hueso’ durante las negociaciones, debido al rechazo de CEOE. Al compromiso de mantenimiento de la ocupación ya existente, que limita los despidos en un plazo de seis meses para aquellas empresas que se hayan acogido a un ERTE, Trabajo ha añadido nuevas condiciones. Las compañías que continúen en ERTES no podrán plantear horas extras, ni subcontratar o externalizar parte de su actividad principal durante el mismo. También tendrán la obligación de prorrogar los contratos temporales que venzan durante el ERTE el tiempo equivalente a la duración del mismo. Elementos que se extenderían a los ERTES por causas objetivas y que han defendido como imprescindibles los sindicatos.
Todas estas cuestiones han imposibilitado hasta ahora el acuerdo, pues generan un manifiesto rechazo en el seno de la patronal, que ya vivió sus diferencias internas con la anterior prórroga debido a ello. Los empresarios entienden que estas cláusulas de garantía del empleo son un lastre para sus compañías, pues pese a las facilidades para acogerse a un ERTE habilitadas por el Gobierno y a costa del erario público, consideran que habrá empresas que necesitarán recurrir a despidos para cuadrar balances antes de finalizar el año. La interpretación de esa fecha de los seis meses sin poder despedir también ha sido motivo de disputa, pues Trabajo ha pretendido poner el contador a cero desde el 30 de junio.
Los últimos borradores presentados por Trabajo contemplan que las prestaciones por desempleo asociadas a los ERTES (que se conceden sin necesidad de cumplir el periodo de carencia y que implican ‘contador a cero’) se mantendrán hasta el 30 de septiembre, salvo las de los fijos discontinuos, que se prolongarán hasta el 31 de diciembre.
